María Silva Cruz, conocida como La Libertaria, fue una figura emblemática del anarquismo campesino andaluz. Su notoriedad pública se forjó tras los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933, cuando sobrevivió a la represión que siguió a la insurrección libertaria y se convirtió en un referente moral para amplios sectores del movimiento obrero rural. Tres años después, al inicio de la Guerra Civil Española, su trayectoria quedó truncada de forma definitiva.
De Casas Viejas a la persecución sistemática
Tras 1933, el nombre de María Silva quedó asociado de manera permanente a la denuncia de la represión estatal y a la memoria de los campesinos muertos en Casas Viejas. Aquella visibilidad pública, unida a su militancia libertaria, la situó en el punto de mira de las autoridades sublevadas tras el golpe de Estado de julio de 1936. En ese momento se encontraba en Paterna de Rivera, localidad de la campiña gaditana sometida rápidamente al control de los insurgentes.
Durante el verano de 1936 se desarrolló en la provincia de Cádiz un proceso de represión planificada dirigido a neutralizar cualquier posible foco de oposición. En ese contexto, María Silva fue detenida a finales de agosto. Su arresto no respondió a un procedimiento judicial ni a una investigación concreta, sino a la lógica de eliminación preventiva de personas consideradas simbólicamente peligrosas para el nuevo poder.
Detención, ejecución y desaparición
Uno de los aspectos mejor documentados de su detención fue la separación forzosa de su hijo recién nacido, un hecho que ilustra las prácticas habituales de la represión en la retaguardia sublevada. Tras su arresto, fue trasladada junto a otros detenidos fuera del núcleo urbano de Paterna de Rivera.
La madrugada del 24 de agosto de 1936, María Silva fue ejecutada sin juicio previo. Las fuentes orales sitúan el fusilamiento en las inmediaciones de la laguna de Medina o cerca del cementerio local, espacios utilizados con frecuencia para las sacas de presos. No existió consejo de guerra ni expediente formal: la ejecución formó parte de las acciones extrajudiciales características de las primeras semanas del conflicto.
Tras el fusilamiento, su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Durante décadas, el paradero exacto de sus restos permaneció desconocido, en un contexto de silencio impuesto que afectó a miles de víctimas de la represión.