En la madrugada del 6 al 7 de noviembre de 1936 comenzó uno de los episodios más terribles de la Guerra Civil española: las matanzas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Durante casi un mes, hasta el 4 de diciembre, miles de presos fueron sacados de las cárceles madrileñas —Modelo, Porlier, San Antón o Ventas— con el pretexto de ser trasladados a otras prisiones o puestos en libertad. En realidad, iban camino de su ejecución.
Contrariamente a lo que durante años se intentó hacer creer, no fueron “incontrolados” los autores de aquellos asesinatos. Las expediciones masivas de presos, cuidadosamente seleccionados y trasladados en autobuses urbanos de dos pisos, no podían haberse producido sin planificación y apoyo logístico. Como apunta el historiador Javier Cervera, las víctimas fueron elegidas desde las propias instituciones dependientes del Gobierno republicano.
Entre los asesinados había militares, religiosos, empresarios, abogados, médicos, periodistas, jueces y también menores de edad. Se calcula que más de 5.000 personas perdieron la vida en Paracuellos. Fueron crímenes cometidos por odio político y religioso, en un contexto en el que la represión se justificaba bajo la excusa de la “quinta columna”: el supuesto enemigo interior que colaboraba con los nacionales.
El Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), creado el 4 de agosto de 1936 por el director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, tuvo un papel clave en la maquinaria represiva. Detenía, requisaba, juzgaba y ejecutaba. Y aunque el Gobierno de la República se trasladó a Valencia, quedó demostrado que tanto la Junta de Defensa de Madrid como los ministros conocían lo que ocurría. El propio ministro vasco Manuel de Irujo escribió el 10 de noviembre solicitando explicaciones por los fusilamientos masivos. La respuesta fue el silencio.
El 7 de noviembre, con las tropas franquistas a las puertas de Madrid, se aceleraron las ejecuciones. Los presos eran conducidos a Paracuellos del Jarama, al llamado “Arroyo de San José”, donde esperaban las fosas ya excavadas. Los vecinos fueron obligados a cavarlas y, cuando se llenaban, se abrían otras en Torrejón. Algunos prisioneros fueron enterrados vivos. Entre ellos, Ricardo Rambal Madueño, de quince años, logró sobrevivir milagrosamente al recibir tres balas y despertar entre los cadáveres.
La responsabilidad última de aquellas matanzas recae sobre quienes dirigían el orden público en Madrid. Santiago Carrillo, entonces con 21 años, era consejero de Orden Público y, según numerosos historiadores, conoció las sacas y no las detuvo. Otros dirigentes, como el ministro Ángel Galarza o el propio Muñoz Martínez, firmaron las primeras órdenes de traslado.
El anarquista Melchor Rodríguez —más tarde conocido como “el ángel rojo”— fue quien logró detener definitivamente las ejecuciones el 4 de diciembre, al asumir la Dirección de Prisiones.
Paracuellos sigue siendo una de las heridas más profundas y silenciadas de nuestra historia. Un crimen de Estado en plena guerra, planificado desde las instituciones republicanas, que costó la vida a miles de inocentes y que aún hoy muchos prefieren no recordar.
🕯️ Este artículo forma parte del libro Mentiras Desveladas y Víctimas Inocentes de la Guerra Civil, de Darío Madrid, una obra que reivindica la memoria de todos los que fueron olvidados por la historia oficial.