El Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) nació el 4 de agosto de 1936 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su acta fundacional desmonta uno de los mitos más persistentes sobre la represión en la retaguardia republicana: que las checas fueron obra de «incontrolados» ajenos a toda autoridad. El organismo se creó por iniciativa directa de Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad y diputado de Izquierda Republicana, con un objetivo declarado de centralizar bajo cierto control oficial las detenciones y registros que la FAI, la CNT, la FIJL, el PSOE, la UGT, el PCE, la JSU y Unión Republicana venían practicando por su cuenta desde el estallido de la guerra.
La reunión fundacional, convocada y presidida por el propio Muñoz, repartió treinta puestos entre esas organizaciones, aunque desde el principio la CNT-FAI concentró la mayor influencia. El comité contó con documentación oficial de la Dirección General de Seguridad, lo que le daba cobertura legal para registrar domicilios, detener sospechosos, requisar bienes y juzgarlos en tribunales revolucionarios improvisados, con potestad de ejecución. El 26 de agosto trasladó su sede desde el Círculo de Bellas Artes al número 9 de la calle Fomento, de donde tomó su segundo nombre popular: la checa de Fomento.
Felipe Sandoval y la escalada de violencia
Entre los hombres fuertes del comité destacó pronto Felipe Sandoval Cabrerizo, anarquista madrileño con antecedentes de atracos a bancos, robos a comedores de Asistencia Social y una fuga de prisión a tiros, conocido también por el alias «Doctor Muñiz». Con la guerra pasó a dirigir la checa del cine Europa, en Cuatro Caminos, y desde el CPIP asumió operaciones de mayor envergadura. Los sueldos de los miembros del comité procedían, según la documentación conservada, del propio dinero requisado en los registros domiciliarios, lo que convertía la represión en una fuente directa de financiación.
La consecuencia más grave de esta «centralización» llegó apenas dos semanas después de la fundación del comité. El 21 de agosto se extendió el rumor de disparos en el interior de la Cárcel Modelo de Madrid, lo que llevó al CPIP a ordenar un registro que Sandoval y sus hombres ejecutaron esa noche y repitieron al día siguiente sin hallar armas. Esa misma tarde estalló un incendio de origen incierto en la panadería de la prisión, que la prensa presentó como intento de fuga fascista. El clima de pánico resultante, agravado por la noticia de la matanza de Badajoz cometida por las tropas de Yagüe, desembocó en la madrugada del 22 de agosto en la saca y ejecución de un grupo de presos políticos y militares recluidos en la Modelo. Entre las víctimas figuraron Melquíades Álvarez, decano del Colegio de Abogados de Madrid y fundador del Partido Republicano Liberal Demócrata; Julio Ruiz de Alda, piloto del Plus Ultra y cofundador de Falange; los generales Rafael Villegas y Osvaldo Capaz; los exministros Manuel Rico Avello y José Martínez de Velasco; José María Albiñana; y Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio. Manuel Azaña, presidente de la República, quedó consternado al conocer los hechos y llegó a plantearse la dimisión.
El CPIP terminó siendo víctima de su propia lógica: pronto dejó de ser fiable para las propias autoridades republicanas, actuando por cuenta propia y entrando en conflicto con otros grupos parapoliciales. Fue disuelto el 12 de noviembre de 1936 por el consejero de Orden Público Santiago Carrillo, tras el traslado del Gobierno a Valencia. En sus apenas cien días de existencia dejó una prueba documental incómoda: la de un aparato de Seguridad del Estado que no solo toleró, sino que impulsó y dio cobertura legal a la maquinaria del terror en el Madrid de 1936.