Al amanecer del 20 de noviembre de 1936, hace hoy noventa años, José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en la prisión provincial de Alicante. Tenía 33 años. Lo ejecutaron junto a otros cuatro presos, dos días después de que un Tribunal Popular lo condenara a muerte por rebelión militar. Sobre lo ocurrido entre la sentencia y el fusilamiento queda una pregunta: ¿llegó el Gobierno de Largo Caballero a dar el «enterado»?
De la detención al juicio por rebelión militar
José Antonio había presentado Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933. Ese mismo año obtuvo un escaño por Cádiz y, en 1934, su partido se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. En las elecciones de febrero de 1936 perdió el escaño. Menos de un mes después, el 14 de marzo, fue detenido en Madrid.
La detención se produjo dos días después del atentado contra el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, cometido por miembros del sindicato estudiantil falangista. Jiménez de Asúa sobrevivió, pero su escolta, Jesús Gisbert, murió. El Gobierno ordenó el cierre de las sedes de Falange y, el 17 de marzo, José Antonio y otros dirigentes ingresaron en la cárcel Modelo en el marco de una causa por asociación ilícita. Distintos procedimientos judiciales lo mantuvieron en prisión hasta que estalló la guerra. Para entonces ya había sido trasladado a Alicante.
La vista del 16 de noviembre se celebró ante el Tribunal Popular de Alicante. El jurado estaba integrado por personas designadas por los comités provinciales de los partidos del Frente Popular y por las organizaciones sindicales obreras que defendían a la República. A ese jurado le correspondía decidir qué hechos daba por probados. Consideró acreditado que José Antonio había mantenido correspondencia desde la cárcel con civiles y militares implicados en la conspiración y que, una vez iniciada la sublevación, había pedido a falangistas que colaboraran con ella. También dio por probado que el 19 de julio había entregado a un intermediario una carta para que la guarnición del Regimiento de Tarifa se sumara al levantamiento. Decreto publicado en la Gaceta de Madrid · Expediente del proceso en PARES
Sobre la base de ese veredicto, el 18 de noviembre los magistrados lo condenaron a muerte como autor de un delito de rebelión militar. Su hermano Miguel recibió una condena de reclusión perpetua, con un máximo de treinta años, y su cuñada Margarita Larios, de seis años y un día por provocación a la rebelión. La sentencia disponía que se comunicara al Ministerio de la Guerra, cartera que entonces ocupaba el propio Largo Caballero. Ese mismo día, José Antonio redactó su testamento en la prisión. Copia del testamento en el Portal de Archivos Españoles
El «enterado» y los cinco fusilados
En sus memorias, Largo Caballero sostuvo que el Consejo de Ministros tenía el expediente sobre la mesa cuando llegó un telegrama anunciando que José Antonio ya había sido fusilado. Según su relato, el Consejo dejó el asunto sin tratar y él se negó a firmar el «enterado». También afirmó que había establecido ese trámite para evitar que se ejecutaran condenas a muerte sin que el Gobierno pudiera pronunciarse.
Juan García Oliver, ministro de Justicia en aquel Gobierno, dejó una versión distinta en El eco de los pasos. Recordaba que Largo Caballero había preguntado a los ministros si alguno se oponía a dar el «enterado». Según García Oliver, Carlos Esplá sugirió aplazar la ejecución por si era posible canjear al preso por un hijo de Largo Caballero. El presidente rechazó que se discutiera un canje particular y, ante el silencio del gabinete, anunció que el «enterado» sería enviado. Los dos relatos discrepan sobre qué decidió el Consejo antes de la ejecución. El de García Oliver recoge el anuncio del envío, pero por sí solo no acredita que la comunicación llegara a Alicante a tiempo.
Los oficios citados en Mentiras Desveladas y Víctimas Inocentes de la Guerra Civil documentan lo que ocurrió en Alicante. El 19 de noviembre, el Comité Popular Provincial de Defensa ordenó entregar al piquete de ejecución a cinco presos: José Antonio Primo de Rivera, Ezequiel Mira Iniesta, Luis Segura Baus, Vicente Muñoz Navarro y Luis López López. Los cinco fueron fusilados al día siguiente. Ese mismo 20 de noviembre, un oficio comunicó al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que se había ejecutado la sentencia contra el jefe de Falange. El documento daba cuenta de una condena ya cumplida. El trámite previo es el punto en el que divergen los recuerdos de los dos ministros.
Artículo adaptado del capítulo «Prisión y ejecución de José Antonio», de Mentiras Desveladas y Víctimas Inocentes de la Guerra Civil.

