El 8 de agosto de 1936, apenas tres semanas después del inicio de la Guerra Civil, la Italia fascista y la Alemania nazi se adhirieron al pacto de no intervención impulsado por Francia y el Reino Unido, comprometiéndose formalmente a no enviar armas ni ayuda militar a ninguno de los bandos enfrentados en España. Noventa años después, aquella firma sigue siendo uno de los episodios más elocuentes de la hipocresía diplomática europea de los años treinta: ninguno de los dos países respetó jamás el compromiso que acababa de suscribir.
El acuerdo, curiosamente, nunca llegó a formalizarse como tratado escrito: los estados europeos se limitaron a declarar que se abstendrían «rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta» en los asuntos internos de España, y a prohibir la exportación y el tránsito de material bélico hacia el país. Lo suscribieron 27 naciones —todas las europeas salvo Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Suiza y la Ciudad del Vaticano—, y el organismo encargado de supervisarlo, el Comité de No Intervención, quedó constituido formalmente en Londres el 9 de septiembre de 1936, más de un mes después de esta adhesión inicial.
Un pacto nacido de la política de apaciguamiento
El impulso original partió del presidente del Consejo de Ministros francés, el socialista Léon Blum, al frente de un Frente Popular ideológicamente próximo al republicano español. En un primer momento, Blum se planteó ayudar directamente a la República. Pero el gobierno conservador británico, volcado entonces en la política de apaciguamiento hacia Hitler y Mussolini, lo convenció de que la no intervención colectiva era preferible a un enfrentamiento que pudiera desembocar en una guerra europea generalizada. A ese cálculo geopolítico se sumaba, en ambos gobiernos, un cierto recelo hacia el proceso revolucionario que se estaba desarrollando en la retaguardia republicana, con colectivizaciones y comités obreros armados.
El resultado fue un pacto que, sobre el papel, situaba a las potencias europeas en pie de igualdad ante el conflicto español, pero que en la práctica benefició de forma desigual a uno de los dos bandos.
Quiénes lo incumplieron, y por qué
Alemania e Italia, firmantes el 8 de agosto, apoyaron desde el primer momento y sin disimulo al bando sublevado: aviación de combate —la Legión Cóndor alemana y la Aviazione Legionaria italiana—, tropas terrestres —el Corpo Truppe Volontarie italiano—, armamento y asesores militares. El régimen de Salazar en Portugal, aunque no llegó a firmar el pacto en las mismas condiciones, actuó de manera similar desde el inicio mismo de la sublevación del 17 de julio. Detrás de ese apoyo había algo más que afinidad ideológica: España se convirtió en un banco de pruebas para el nuevo material militar alemán e italiano, y en una oportunidad para que ambas potencias reforzaran su posición estratégica en el Mediterráneo occidental frente a Francia y Reino Unido.
El incumplimiento soviético: más tardío, pero real
La Unión Soviética se adhirió al pacto el 23 de agosto de 1936, dos semanas después que Alemania e Italia. Su incumplimiento fue posterior en el tiempo, pero no menos real: comenzó a enviar armamento y asesores militares a la República a partir de octubre de ese mismo año, y mantuvo esa ayuda hasta el final de la guerra, aunque el ritmo de los envíos cayó de forma abrupta desde finales de 1937. A diferencia del apoyo germano-italiano, presente desde el primer momento del conflicto, la intervención soviética se presentó —y así lo defiende buena parte de la historiografía— como una respuesta a la ayuda que ya recibía el bando sublevado, y no como una decisión previa de Moscú, que inicialmente prefería mantenerse al margen.
Junto al armamento —entre él, los tanques T-26 que se hicieron célebres en el frente de Madrid—, la URSS envió pilotos, tripulantes de carros de combate, marineros, artilleros antiaéreos, ingenieros militares e intérpretes, oficialmente para entrenar a las fuerzas republicanas, aunque muchos acabaron combatiendo directamente. En el periodo de mayor intensidad, entre octubre de 1936 y agosto de 1937, se calcula que llegaron a operar en España más de mil tripulantes de carros de combate y pilotos, junto a unos seiscientos asesores militares, presentados siempre oficialmente como «voluntarios» y nunca como personal del Estado soviético.
Con todo, la escala de esta ayuda fue muy inferior a la del Eje: la aportada por Alemania e Italia al bando sublevado duplicó el número de aviones, casi triplicó el de tanques y multiplicó por dos veces y media la artillería enviada a los republicanos. Solo la Legión Cóndor alemana contaba con unos 5.000 efectivos y el cuerpo expedicionario italiano con 50.000, frente a un contingente soviético que nunca superó los 2.000 militares.
El pago de esta ayuda dejó, además, una de las huellas más conocidas del periodo: buena parte de las reservas de oro del Banco de España —el llamado «oro de Moscú»— tuvo como destino la Unión Soviética, mientras que una porción menor se empleó en comprar armas a Francia a precios muy por encima del mercado. Conviene distinguir esta ayuda estatal soviética de las Brigadas Internacionales, entrenadas en Albacete, que estuvieron financiadas por los partidos comunistas europeos a través de la Komintern y no directamente por el Estado soviético, aunque su coordinación estuvo estrechamente vinculada a Moscú.
Estados Unidos, por su parte, ni siquiera llegó a suscribir formalmente el pacto, aunque mantuvo su propio embargo de armas; distintas fuentes han documentado además el suministro de combustible de empresas estadounidenses al bando franquista al margen de cualquier control internacional.
El resultado práctico fue un embargo desigual, que perjudicó sobre todo a la República —dependiente del mercado internacional de armamento— mientras Alemania e Italia mantenían sus propias vías de suministro directo al margen del Comité. El embajador estadounidense en España, Claude G. Bowers, calificó sin ambages la política de no intervención como una «farsa deshonesta». El Comité siguió existiendo, sin capacidad real de sanción, hasta que la propia guerra terminó, mientras Europa se encaminaba hacia el conflicto que, cinco meses después de la derrota republicana, estallaría a escala continental.